Mientras la investigación contra Carlos Ovares, ex director de la Compañía Nacional de Danza, está en la fase de recolección de documentos por parte del Ministerio Público, otra institución de larga trayectoria está en la mira de las autoridades del Estado por presunto uso indebido de recursos públicos por parte de la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza "Margarita Bertheau", presidida entre los años 2003 y 2007 por Jimmy Ortiz.

Lo anterior se basa en una investigación realizada por Edwin Luna
Monge, asesor legal de Teatro Popular Melico Salazar, ordenada por la
Junta Directiva de ese Teatro el 6 de junio del 2007, con el fin de
aclarar la relación existente entre la asociación citada y el Taller
Nacional de Danza.
Esta indagación se originó en el hallazgo de la anterior ex directora
del Melico Salazar, la recientemente destituida Ana Victoria Carboni,
quien detectó que durante los últimos años las arcas de la TND por
concepto de taquillas, matrículas y mensualidades en los cursos de los
distintos programas del taller registraban cero ingresos, no así la
parte de gastos.
La organización privada existe desde el 31 de marzo de 1981, fundada por la desaparecida bailarina Mireya Barboza, con el fin de realizar actividades y promoción de la danza, y en especial, a favor del TND. Según consta en el acta de recepción de declaración de Jimmy Ortiz, director del TND, recabada por el notario Luna Monge, anteriormente la asociación no tenía fondos y trataron de solucionarlo con esta relación de hecho.
Ortiz también asegura que desde el 2006 empezaron a poner en regla el trabajo en el TND y la asociación, mediante un acuerdo supervisado por el anterior director del Melico Salazar, Giancarlo Protti. Sin embargo, las pesquisas revelaron a esa fecha "la relación financiera, material, logística y profesional que se desarrolla entre el Taller Nacional de Danza y la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza "Margarita Bertheau", no se encuentra formalizada documentalmente. Es decir, no existe ningún convenio que tutele las relaciones de hecho."
Incluso, las irregularidades vincularon al Centro Cultural de España, que mediante el programa "No-silicona" giró recursos económicos a la asociación, que a su vez lo distribuía entre los entes participantes. Esta relación prevaleció sin un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el gobierno español, y funcionaba al amparo de la buena fe de los administradores de la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza.
El informe legal remitido a la viceministra de Cultura, confirmó que todos los ingresos por taquillas de los programas del TND, denominados Red de Cultura Coreográfica y la Red de Formación y Contacto para la Danza -Conservatorio El Barco, han sido recaudados por años por la asociación benéfica. Éste último nació en la administración del exministro Guido Sáenz. (Ver nota aparte)
Además, las irregularidades incluyen el uso de los recursos humanos y
todas las instalaciones del TND para brindar cursos con profesores
pagados por la asociación y algunos por el Estado.
Durante el 2007, la asociación cobró una tarifa por los cursos
impartidos supuestamente por el TND: por concepto de matrícula ¢10.000
y ¢25.000 por mensualidad a los estudiantes del programa profesional.
Los aficionados cancelaron ¢7000 y ¢20.000, respectivamente. Por
dichos aportes los educandos recibieron un recibo con el logo del ente
privado
De acuerdo con el documento dado por Ortiz al asesor legal de Melico
Salazar, titulado "Proyecto de producción conjunta para el desarrollo
de la Red de Cultura Coreográfica y la Red de Formación y Contacto para
la Danza Conservatorio El Barco", semestralmente matriculan 400
personas aficionadas y entre 25 y 28 profesionales. Esto da un total
semestral de ¢11 millones, en el primero, y ¢3.5 millones en el segundo
rubro, para un total anual de casi ¢30 millones.
A lo anterior debe sumarse el monto de las taquillas, el uso de las instalaciones del TND y recurso humano que se desempeña en ambas instituciones, entre otros.
Si bien Ortiz aseguró en su acta de declaración que la asociación no tiene fines de lucro, lo cierto es que según nota del pasado 11 de febrero, el Coordinador del Departamento Financiero Contable del Melico Salazar, Gerardo Arias Elizondo, la asociación nunca ha reportado el uso de los fondos públicos captados por concepto de venta de servicios, taquillas u otros, en los que aprovechó su vinculación con el TND, que está bajo el amparo del Teatro Melico Salazar.
El asesor legal Edwin Luna Monge recomendó separar el Taller Nacional
de Danza y la Asociación de Amigos del Taller Nacional de Danza
"Margarita Bertheau", hacer una auditoría interna y solicitar a la
asociación la apertura de sus cuentas para realizar los arqueos
necesarios y así determinar el destino de los dineros públicos que
percibió en años anteriores.
Las recomendaciones fueron ejecutadas por la Junta Directiva del Teatro Melico Salazar. Pero como la asociación mencionada también genera recursos propios, deberá acceder voluntariamente a tal auditoría; de otra forma, aseguró Luna Monge, sería necesario la intervención de la Contraloría General de la República.
PAGO DE SOBRESUELDOS
La confusa relación entre la asociación y el TND incluye el pago de sobresueldos a funcionarios del Estado, que ya perciben ingresos como empleados del TND y otros como trabajadores de la asociación.
El caso más ilustrativo es el de Jimmy Ortiz, quien fungió durante ese periodo como director de la TND, pero por labores similares era pagado por la asociación. También, Zulay Cordero Fernández, que se desempeñaba al momento de la investigación como coordinadora docente del Melico Salazar, afirmó en su acta de declaración ante el asesor legal, que el dinero que le daba la asociación era un reconocimiento por sus aportes como asociada.
A criterio del abogado Luna Monge, todas las irregularidades detectadas rozan con las leyes de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, Contratación Administrativa, General de Control Interno. La auditoría del Ministerio de Cultura debe establecer si ocurre lo mismo con la ley de Administración Financiera.
Se intentó conocer la posición de Giancarlo Protti, ex director ejecutivo del Melico Salazar, pero al cierre de edición se informó que estaba fuera del país.
¿Es irregular que un ente privado capte recursos sin convenio y pague sobresueldos a funcionarios del Estado?
- Esas aseveraciones están determinándose por una auditoría del MCJ, que ya inició. La Junta Directiva (del Melico Salazar) tomó la decisión de solicitar a la asociación de separar actividades del TND y la asociación, hasta que haya un convenio.
Es un informe omiso y escueto el realizado por el asesor Edwin Luna y la auditoría está revisando la actuación de las personas mencionadas en el informe.¿Por qué no destituyó a Jimmy Ortiz?
- En este informe no hay sustento para decir que haya una situación irregular. Va a haber un proceso y si se demuestran irregularidades, no solamente compete una destitución, sino todas las consecuencias. Cuando tenga un informe sustentado, tomaré las decisiones que tenga que tomar.
Pero en otros ministerios se han separado personas del puesto, mientras se realiza la investigación…
- Si la asesoría legal hubiera dicho que es necesaria, lo hubiera sugerido. Entonces se está procediendo vía auditoría y el mecanismo recomendado por la asesoría legal del Melico.
¿Cuál es su temor de separarlos provisionalmente?
- No hay recomendación sólida en el informe legal.
¿Cuál es su criterio del uso de recursos estatales por un ente privado?
A la cooperación entre diferentes tipos de entidades para fomentar el quehacer artístico, no le veo ningún inconveniente, y en algunas cosas, puede ser positiva. Lo fundamental es que esto sea no solo basado en buenas intenciones y ganas de colaborar, sino que desde el principio, se pongan los acuerdos en blanco y negro y que la Contraloría lo ratifique. Es muy fregado, empezamos a trabajar con buenas intenciones y luego se nos olvida que estas son instituciones públicas y que solamente podemos hacer lo que nos dejan hacer.¿Ha hablado con la gente de la asociación para hacer una auditoría de todas sus finanzas?
- Esta información la está recibiendo la auditoría del ministerio.¿Ha habido una carta oficial de la asociación?
- Yo sé que la asociación está en contacto con la auditoría, pero cuáles cartas o qué documentos exactamente no sé, pero sé que la auditoría está caminando.Yo no quisiera especular por la poca, tardía u omisa información de la asesoría legal del Melico Salazar. Hicimos un convenio, estamos poniendo las cosas en orden, pero me niego a especular sobre cosas de las que no tengo información
PROBLEMA DE ÉTICA
Al
respecto, el abogado Pablo Barahona, quien ha escrito un libro sobre el
tema de la corrupción, afirmó que "es ridículo" publicar un código de
ética "y luego hacer exactamente lo contrario"En la óptica del
también profesor de la Facultad de Derecho, más que un problema de
legalidad, se trata de uno de legitimidad y de ética y calificó el
nombramiento como "una imprudencia absoluta y un manejo de poder
espurio.
El funcionario público está en la obligación de prever los riesgos de sus decisiones administrativas y nombrar a un familiar es muy riesgoso.Sin embargo, el abogado opinó que no recae toda la responsabilidad en la ministra Carballo, pues recordó que el filósofo francés J.J. Rousseau dijo que no hay peor crimen que los malos ejemplos, "y el presidente tiene nombrado a su propio hermano como ministro; así sus colaboradores hacia abajo en la nomenclatura administrativa no verán tan malo nombrar primos hermanos", apuntó.
"En este caso, la línea de nepotismo es marcada desde el nivel más
alto. Si arriba se hace algo, ¿por qué no se va a hacer abajo? La
corrupción se da por simple repetición y por la cultura de la
ilegalidad, las leyes son letra muerta y son las personas las que deben
tomar la decisión de respetar la ley", enfatizó.
Barahona recordó que los hijos tanto de Oscar como de Rodrigo Arias
recibieron nombramientos para viajar a China y puntualizó que "si al
mismo presidente no le importa que el nepotismo sea un vicio, es poco
lo que se puede hacer para evitarlo de allí para abajo; la
responsabilidad es mayor en función del grado de poder que se tiene".
La destitución de Carboni
Desde un principio, el anuncio del despido de Carboni causó revuelo, pues bajo su gestión el Melico Salazar realizó una investigación sobre dudosos manejos financieros en la Compañía Nacional de Danza (CND), la cual provocó la renuncia de su director, Carlos Ovares, y luego de ser remitida al Ministerio Público implicó la detención de este.
En ese
sentido, un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Cultura y
Juventud el 13 de marzo, señaló que tanto la Ministra Carballo como la
Viceministra Aurelia Garrido "rechazan enfáticamente" que el despido de
Carboni se motivara "en represalias por evidenciar hechos irregulares
en la actuación de algunos funcionarios públicos".
Ese comunicado señaló que la destituida Carboni y la Junta Directiva del Melico Salazar "actuaron como se lo exige la ley" y añade que la decisión de esos nuevos nombramientos se basó en "un análisis integral del papel y necesidades de los órganos desconcentrados, para el efectivo cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo".
El Teatro Popular Melico Salazar es una institución grande, pues es sombrilla que cobija a la Compañía Nacional de Danza (CND), al Taller Nacional de Danza (TND), a la Compañía Nacional de Teatro (CNT), al Taller Nacional de Teatro (TNT), al Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas (PROARTES) y el Festival de las Artes, "todos ellos con actividad muy intensa", puntualizó Carboni.
La exfuncionaria puntualizó que desde que llegó a la institución debió
abocarse a resolver problemas administrativos, como el hecho de que la
institución no contaba con una proveeduría.
Carboni también mencionó como un éxito de su gestión el hecho de lograr que se abrieran 16 nuevas plazas. De hecho, al final del año pasado ante el Servicio Civil recibió una calificación de 100, puntaje perfecto, del puño y letra de la viceministra Garrido.
La jerarca Carballo, al ser cuestionada sobre las razones para el despido de la funcionaria, señaló que "asunto no está planteado en términos de incumplimiento de acuerdos" e insistió que se trata de un puesto de confianza cuyo nombramiento es de su discreción.
Cuestionada sobre en qué momento perdió la confianza en Carboni, la jerarca señaló que "no es una cuestión de pérdida de confianza, sino una necesidad de cohesionar al equipo del Ministerio alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, que es muy importante y necesitamos comunicación fluida y constante para dirigirnos todos en términos muy claros hacia ese Plan".
Al respecto Carboni puntualizó que bajo su gestión el año pasado la institución cumplió con todas las responsabilidades que le correspondieron dentro del Plan, lo cual incluye el lanzamiento de PROARTES, que fue "ejecutado a la velocidad del rayo a final del año, en tres meses se juntó al jurado, se hizo el concurso y se entregaron ¢153 millones".
Carballo al respecto manifestó que "en la etapa en que ella estuvo se cumplieron algunas cosas, otras no". Al pedirle que puntualizara, la funcionaria replicó "hay algunos acuerdos y cosas que tal vez no se implementaron con la rapidez que esperábamos".
Por su parte, Carboni sostiene que siempre tuvo comunicación con su jefa, la viceministra Garrido, sobre todo cuando coincidían en las sesiones de Junta Directiva, incluso una semana antes de su destitución sostuvieron una reunión solicitada por Carboni.
"Las razones que han dado para mi despido son falsas, son una excusa para algo. Tengo la máxima calificación para mi labor y felicitaciones de Junta Directiva. Es falso que no se le dieran seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, me estudié los casi 700 acuerdos del 2007 y sólo queda pendiente un reglamento de uso de medios electrónicos. Nunca se me llamó la atención por ningún medio por haber incumplido algo, el tema surgió de un día para otro".
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